La entidad financiera y el organismo público dependiente del Ministerio de Economía habían presentado por separado sendos escritos en los Juzgados de Plaza Castilla para ser considerados acusación particular en la investigación sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno. Alegaban que la comisión que presuntamente recibió el político de los contratos de publicidad los convertía en afectados y, por tanto, con derecho a intervenir en la instrucción. El magistrado no lo ha considerado así.
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