Una doctrina reiterada por la Sala Penal del Tribunal Supremo establece que los jueces de instrucción han de dar la oportunidad a los aforados de "ejercitar todos los derechos que le confiere para su defensa la ley", incluida la aportación de pruebas que puedan neutralizar los indicios aparecidos en su contra durante una investigación. La Sala Penal del Supremo ha rechazado abrir causas a aforados a propuesta de jueces de instrucción que, antes de elevar las exposiciones razonadas, no les ofrecieron la opción de declarar voluntariamente.
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