El ministerio público atribuye a ambos exalcaldes unas mordidas de 102.173 y 88.206 euros, respectivamente, y otra de 7.409 euros que habría recibido el que era concejal de Infraestructuras. La Fiscalía sostiene también que la presunta trama para favorecer a Cespa implicó recurrir a una consultoría externa con el objetivo de que elaborara un informe favorable sobre Cespa para justificar la adjudicación a esta firma.
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