Nueva derrota en el contencioso que el Gobierno andaluz mantiene con el empresario Tomás Olivo, en su día imputado en el ‘caso Malaya’, a causa de la paralización de las obras de un centro comercial que acabó en los tribunales. La sentencia, que aún es recurrible, condena a la Junta a una indemnización de 165 millones de euros.
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