La sentencia se refiere al caso de las centrales nucleares Doel 1 y Doel 2 en Bélgica, cuya vida útil fue prorrogada por ley en 2015 una década más sin las preceptivas evaluaciones medioambientales previas pese a que se requirieron obras de modernización considerables y una inversión de 700 millones de euros para cumplir con las normas de seguridad. El Estado belga y Electrabel, la propietaria y responsable de la gestión de las centrales nucleares, firmaron un convenio en noviembre de 2015 para ello.
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