Un tribunal de París ordenó el cierre de una tienda que alquilaba el local al organismo que gestiona las viviendas sociales. La Justicia dio la razón al administrador habitacional,que pretendía romper el contrato alegando que incumplía el acuerdo de explotar un comercio de alimentación general al no vender ni cerdo ni alcohol. La Justicia estimó que la mayoría de los productos eran halal,no destinados a las necesidades de todos los habitantes,sino a específicos por lo que era “restrictivo y no corresponde a la noción de alimentación general"
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