En algunos casos la Justicia da la razón a las familias y obliga a pagar a las comunidades autónomas a los herederos desde que la persona afectada solicita el reconocimiento de un grado de dependencia hasta su fallecimiento. Otros jueces deniegan la indemnización a los herederos alegando que si nunca se llegó a fijar la cantidad económica no se consolidó el derecho a la prestación y por tanto, no se puede reclamar..
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