El ministro Rafael Catalá reconoce que se están produciendo sentencias con penas muy altas, "desproporcionadas en el momento actual". Justicia baraja proponer un máximo de 18 años de cárcel o bien multas económicas. Actualmente, el 315 contempla penas de hasta tres años de prisión para las personas que "actuando en grupo o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga", así como para los que limiten o impiden el derecho de huelga..en los últimos meses este artículo se ha empleado ...
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