El caso se ha judicializado tras una denuncia del Sindicat de Policies de Catalunya -muy crítico con el actual Gobierno autonómico- al detectar que su web estaba siendo saboteada. Un peritaje sitúa el origen de los ataques en una empresa radicada en un país escandinavo, a la que se vincula una tarjeta cuyo titular es la Generalidad. Los consejeros Puig y Gordó están en el punto de mira.
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