Una resolución del Parlamento Europeo, que ahora deberá pasar a la Comisión Europea, pide una legislación que garantice a los ciudadanos de la UE el 'derecho a reparar' y un etiquetado de productos en función de su dificultad de reparación y su durabilidad. Las organizaciones que luchan contra la obsolescencia programada se muestran, sin embargo, escépticas ante la nueva ley.
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