Las consecuencias de la sentencia y el nuevo recurso son muy graves. Cabe recordar que el aumento de la jornada laboral llevada a cabo en 2013 supuso la destrucción de 1481 puestos de trabajo en Osakidetza, según una auditoría realizada por Deloitte. A de debemos sumar la destrucción de 250 plazas de la Ertzaintza. Debemos tener en cuenta que la CAPV tiene un déficit de empleo público en proporción a la población activa de prácticamente 10 puntos frente a la Unión Europea.
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