Se trata del análisis que encargó a sus expertos para determinar si hay relación entre las donaciones presuntamente realizadas a la caja 'B' del PP por los empresarios imputados y las adjudicaciones que sus sociedades recibieron del Estado. Lo más llamativo es que dicho documento lo encargó el magistrado el 19 de julio de 2013, hace más de un año, y aún no han llegado a su mesa.
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Cuando apartas a las personas de la cúpula protectora que le da el nombre de una entidad e individualizas y responsabilizas a una única persona las cosas suelen ir más rápido.
Es como los pandilleros, por separado pierden la protección de grupo y no son nada.