El partido de extrema derecha Vox incluía entre sus exigencias para apoyar la investidura del líder del PP andaluz que la Junta " colabore con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados". A su juicio, la Administración regional "posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía". Su propuesta, como tantas otras, choca con la realidad: la legislación en materia de protección de datos prohíbe la cesión masiva de datos entre administracion
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