La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana ha devaluado gravemente el valor constitucional de la Justicia, al tiempo que restringido ampliamente lo que define un Estado democrático: la capacidad de los ciudadanos para controlar los abusos del poder.Lo que lleva a discutir seriamente, como ya se acreditará, su evidente inconstitucionalidad.
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