La ministra de Defensa era la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid cuando se adjudicó a OHL el tren de Navalcarnero, uno de los contratos que la Guardia Civil investiga por a una presunta comisión de 1,4 millones que la constructora quería pagar a Ignacio González en Suiza, pero que acabó en una cuenta del empresario Adrián de la Joya en ese país. Su marido también está bajo sospecha por los presuntos pagos al PP que aparecen en los papeles de Bárcenas.
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