El envío de la lista Falciani desde la Hacienda francesa a la española en 2010 provocó el mayor revuelo jamás vivido en la Agencia Tributaria. Los nombres que aparecían en ella, empezando por la familia Botín, desataron el pánico entre los entonces responsables del Gobierno socialista. En una decisión tildada de "amnistía encubierta" por los inspectores y los técnicos, se decidió hacer un requerimiento para que los defraudadores regularizaran de forma voluntaria y evitaran así el banquillo.
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