En su dictamen, el comité consideró que las autoridades judiciales españoles no hicieron un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas por la mujer y recomendó a España proporcionarle "una reparación apropiada, incluida una indemnización financiera adecuada a los daños de salud física y psicológica sufridos". Naciones Unidas la reconoció como víctima y recomendó a España reparar los daños físicos y psicológicos que sufrió, pero la Audiencia Nacional descarta que existiese mala praxis médica.
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