La empresa comunicó a Sanidad que rescindía el contrato porque no le salían las cuentas. La comunidad ha tenido que sacar urgentemente nuevos contratos y se los ha dado a la misma firma. Un total de 12 hospitales madrileños, dependientes de la Consejería de Sanidad, acaban de adjudicar a dedo de manera urgente (en un procedimiento negociado sin publicidad) su servicio de vigilancia a la empresa Ariete Seguridad, cuya administradora única es Silvia Cruz Martín, que fue concejala del PP en el Ayuntamiento de Alcorcón hasta julio de 2017..
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Leyendo el desarrollo de los hechos me parece una contingencia bastante probable. De hecho, me parece muy poco los tres meses por los que han adjudicado para llevar a cabo una nueva licitación, salvo que ya hubiera una en marcha muy muy avanzada (bueno, supongo que una en marcha debía haber, si el contrato vencía en noviembre).
El mismo cuento pepero de siempre...
Quizá incluso con alias.
Ya no puedo editar para modificarlo sorry
Aquí se junta un problema de índole económico debido a una resolución judicial.
Pero en julio del año pasado Ariete Seguridad empezó a comunicar a las gerencias de los hospitales de sus dos lotes que la Audiencia Nacional acababa de anular el convenio que aplicaba a sus trabajadores y que por tanto "comenzaban a regir las condiciones del convenio colectivo del sector, lo que implica un desequilibrio financiero en la cuenta de explotación", es decir, que tenía que mejorar las condiciones salariales de sus vigilantes. Como no le cuadraban las cuentas, solicitó al Sermas "la modificación del contrato vigente o en su defecto la resolución del mismo". En octubre de 2018, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid emitieron un informe sobre la improcedencia de acceder a la pretensión de Ariete.
Aunque peor hubiera sido sacar un pliego y que la futura ejecutiva se lo tenga que tragar con patas.
Un portavoz de la consejería asegura que "está previsto que los pliegos del nuevo contrato del servicio de seguridad de los hospitales sean aprobados en próximas fechas, y entraría en vigor al finalizar el próximo verano. Mientras se cumplen estos trámites, es imprescindible dar continuidad a la prestación del servicio". Sanidad explica que se ha llegado a esta situación porque una de las empresas adjudicatarias de dos de los lotes (Alerta y Control) sí acordó prorrogar su actividad. Y la adjudicataria de los otros dos lotes, Ariete Seguridad, "ha declinado continuar con prórroga".
No, de acuerdo con la secuencia de hechos que marca el artñiculo la evolución es bastante lógica y habitual. De hecho, insisto, el plazo de tres meses me parece muy ajustado, incluso con una licitación ya en marcha.
Ahora bien, no conozco el pleigo, pero lo suyo sería sancioanr a la empresa e incautar la fianza. Por otra parte no les adjudicaría el contrato puente, aunque entiendo que es muy dificil buscar casi de un día para otro una empresa que te cubra el servicio por tres meses a un coste como el que venías asumiendo.
¿Es una prueba más de que sería una organización criminal? Como señala usía en (#1)
¿Tu punto de vista que puede aportar?
Básicamente que o follamos todos o la puta al río.
O para que nadie se ofenda: vamos a aplicar la mis.a lógica para todos.
Si esto es prueba de organización criminal (que debería serlo. O cuanto menos prevaricación para el responsable) que lo sea para todos.
¿Y cree que la partición de contratos coadyuva a ello?
En todo caso lee la definición que puse y piensa que es lo que te sugiere. Yo no voy a hacerlo por ti. Sólo intento añadir información e intento no hacer opinión en este caso.
Y puestos a juzgar la ética de cambiar cosas a última hora, no sé si estarás pensando en los gastos que está asumiendo Sánchez sin asignar presupuesto... Que es doblemente poco ético, porque es al final y además es cargar gastos al siguiente sin darle ingresos.
Mucho mejor paquí y pallá s.l.