Las fuentes consultadas en inteligencia entienden que lo que se ha ordenado es formar un grupo de trabajo con el fin de coordinar, "censurar", tener la capacidad de contrainformar siguiendo unas directrices concretas que emanan desde el Gobierno e iniciar campañas de operaciones psicológicas con el objetivo de difundir determinados mensajes desde el poder legislativo. Esas mismas fuentes insisten en que este aparato de control también vulneraría los artículos 18 y 20 de la Constitución. Es decir, afectarían al derecho al honor y a la intimidad.
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