El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, decidió confiscar hace un año una desaladora privada sin orden judicial. No sólo ha tenido que devolver la planta sino que está imputado por prevaricación y coacciones. San Ginés se basó en un informe de su asesor Ignacio Calatayud, que considera que no hacía falta que un juez avale la decisión porque la desaladora no es un bien público
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