Se trata de exparlamentarios que estuvieron un mínimo de siete años en el escaño y que al jubilarse no habían alcanzado el límite máximo de percepción de pensiones. El Congreso, con cargo a su presupuesto, les hace un ingreso mensual para que lleguen a la pensión máxima.El Congreso suprimió las conocidas como pensiones parlamentarias en 2011, en plena fase de ajustes por la crisis económica, pero en la actualidad todavía hay más de un centenar de exdiputados.
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