Amnistía Internacional denuncia el abandono de los inquilinos que no pueden enfrentar los pagos y cuya situación ha empeorado tras varias reformas. La ley que regula este proceso no obliga a los jueces a estudiar el impacto del desahucio teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los inquilinos. El 56% de los desahucios en 2016 se produjeron por el impago del alquiler.
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