Desde que tuvo conocimiento de la situación, la Consejería de Política Social, a través de la entidad que gestiona el centro, interpuso una denuncia, en primer lugar, ante la desaparición de las menores y segundo, por posible delito de abuso sexual. Así, la Consejería ha señalado que, desde el primer momento, se aplicaron los correspondientes protocolos de actuación ante posibles situaciones de abuso sexual y se les proporcionó apoyo y atención integral de profesionales especializados en la materia.
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