La imputación como persona jurídica del BBVA por los delitos de cohecho, descubrimiento, revelación de secretos y corrupción entre particulares en el marco de la causa que investiga la red de espionaje articulada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo a instancias del banco ha encendido todas las alarmas en el Palacio de la Moncloa, que sigue con mucha atención la crisis reputacional de la segunda entidad financiera del país a fin de poder atajar cualquier tipo de consecuencia indeseada para la economía española.
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