Las empresas eléctricas españolas llevan más de un siglo demostrando a conciencia que no saben prestar un servicio público de primera necesidad con calidad y eficacia. Los elevadísimos sueldos y pensiones de sus altos dignatarios no se corresponden con su competencia sino con su lealtad al beneficio empresarial. Ante las perspectivas de relevo que suponen las renovables a las fuentes tradicionales para obtener electricidad, las compañías monopolísticas han pedido ayuda al Gobierno y éste, como Dios manda, ha acudido en su auxilio.
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