La decisión se produce como consecuencia de la admisión de la querella contra el alcalde de Palma, Noguera, que presentó la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) en noviembre al considerar que impulsó esa medida utilizando como justificación informes urbanísticos “completamente arbitrarios” con la “única intención de culminar un plan preconcebido para terminar con la vivienda turística en Palma”. La federación pidió que la Justicia investigara “los hechos para depurar posibles responsabilidades".
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