Según el Ejecutivo, la derogación del límite del 0,25% para la revalorización de las pensiones —uno de los puntos más contestados de la reforma de Rajoy— supondría un freno en la pérdida de poder adquisitivo experimentada por los pensionistas en la última década. La nueva ley establece la actualización de las pensiones al comienzo de cada año de acuerdo con el IPC. Y en el caso de que la inflación sea negativa, según el texto, “las pensiones no sufrirán merma alguna”.
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