En el caso enjuiciado por el Supremo, se analiza el supuesto de una trabajadora contratada como auxiliar administrativo por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio de Canarias. Según los hechos probados de la Sentencia, la trabajadora empezó a prestar servicios en régimen de adscripción a trabajos en colaboración social, para la realización de tareas de auxiliar administrativo en 2008, encadenando sucesivas prórrogas hasta 31 de mayo de 2011.
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