La propia empresa pública de la Comunidad de Madrid presenta un informe al juzgado que instruye la operación Lezo que incrimina al expresidente autonómico en la ruinosa compra de la brasileña Emissao, que supuso un agujero de 25 millones de euros para el erario público. González tomaba “directamente” las decisiones y colocó a dos hombres de paja para adoptar los acuerdos bajo sospecha
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