Que no existen razones de prevención general para la introducción de esta pena se pone de manifiesto en que España era el país europeo con los índices más bajos de criminalidad, no obstante lo cual ocupamos el primer lugar en lo que se refiere a personas privadas de libertad judicialmente por cada 100.000 hab., lo que es reconducible, naturalmente, a que nuestro Código ya era tal vez el de mayor severidad de la UE. Que ahora sufra un endurecimiento aún mayor no puede encontrar su explicación en ninguna razón plausible de política criminal.
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