El mes de julio de 2019 acabó con 140.041 personas en España que habían solicitado un dictamen sobre su grado de dependencia –I, II o III, en orden de gravedad– pero que seguían a la espera de una resolución. Son datos del IMSERSO y constituyen la cifra más alta de personas pendientes de valoración desde 2012, momento en el que un Real Decreto de Mariano Rajoy modificó la Ley de Dependencia de 2006.
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