La Fiscalía ponía en marcha más de 200 investigaciones en torno a la muerte de ancianos en residencias de todo el país. Todo eso pasó en el epicentro de la pandemia, cuando el país se acercaba al millar de víctimas diarias.Casi dos años después, la inmensa mayoría de esas acciones legales han quedado archivadas o al menos no hay constancia de que hayan llegado a juicio. Hasta ahora, el mensaje de los tribunales ha sido claro: la gestión de la pandemia habrá sido buena, mala o muy mejorable, pero no ha sido delictiva en sus diferentes niveles.
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