La modificación de la Ley de Asilo y Refugio, en octubre de 2009, no permite solicitar protección legal en las embajadas españolas. El artículo 38 contempla "promover el traslado" del solicitante de asilo en caso de que "corra peligro su integridad física". Varias ongs solicitan al Gobierno de España que proteja a los refugiados e inmigrantes rescatados en el Mediterráneo, especialmente a los 31 menores africanos para los que solicitó asilo por carta el capitán del barco español Open Arms. El Gobierno alega que la petición no es válida.
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