Nuevo varapalo de la ONU al Estado español en materia de derechos humanos y régimen de incomunicación. El examen periódico que se realizan los estados hace hincapié en la falta de garantías para los detenidos y en la escasez de vías legales para aquellos que denuncian maltrato, ya que instan a Madrid a garantizar que estas demandas puedan ser investigadas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy optó por no hacer ninguna mención sobre la incomunicación.
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