El dramatismo del discurso contra la eutanasia contrasta con el escaso interés en la discriminación de pacientes de residencias del Ejecutivo de Ayuso. De 22 entidades, 16 o no han respondido o han afirmado carecer de elementos para una valoración. De las siete restantes, tres introducen algún elemento de crítica a la medida madrileña, pero siempre extendiendo la responsabilidad a otras administraciones. El dedo acusador suele apuntar al Gobierno y singularmente al vicepresidente Pablo Iglesias.
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