Familias que pagan sin saberlo el “impuesto revolucionario” que el Gobierno de Cospedal aplica a todos los alumnos usuarios del comedor escolar (cientos de miles de euros) y ayuntamientos que se hacen cargo sin ser su competencia, además del mantenimiento de los centros, de las facturas del gas, luz y agua de las cocinas y comedores donde las empresas de cátering contratadas por el Ejecutivo de Cospedal dan “de comer” diariamente a miles de niños, previo pago de 4,77 euros por persona y menú, impiden que los colegios públicos de Castilla-La Man
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