El FROB, el instrumento a través del que el Estado ha inyectado 61.366 millones para salvar entidades insolventes, mantiene una actitud extremadamente laxa en las causas penales abiertas contra los responsables de llevar a esa situación a las cajas de ahorro. Algo que sorprende mucho a las diferentes acusaciones, ya que es el principal perjudicado y está renunciando a cobrar indemnizaciones, por pequeñas que sean. El último caso ha sido el de Novacaixagalicia (hoy Abanca), donde hasta el Tribunal Supremo ha criticado esta dejadez.
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