El 21 de mayo el Parlamento de Ucrania adoptó la resolución Nº 462-VIII, que deroga una serie de obligaciones contraídas por el Gobierno de ese Estado como parte adherida al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se trata de la última de una serie de medidas orientadas a ampliar el margen de actuación de un Estado, de vocación crecientemente autoritaria, contra sus enemigos políticos.
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