Cientos de familias esperan hoy las conclusiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aunque la sentencia definitiva será en otoño, esta decisión puede marcar la pauta de si los afectados podrán reclamar la retroactividad desde el año 2009. La banca se prepara para afrontar un gasto que puede rondar los 7900 millones de euros.
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