Más guiados por los criterios políticos que por los de Estado, España retrasa su decisión sobre qué hacer con los residuos nucleares que produce – más allá del debate sobre el futuro de este tipo de energía en España -. Sin embargo, el tic tac corre y esta decisión le cuesta dinero al país. Por ejemplo, a partir de 2017, España deberá pagar 70.000 euros al día a Francia como penalización por almacenar los residuos de la central de Vandellós 1.
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