Las devoluciones en caliente "vulneran el derecho a la petición de asilo o de protección internacional" de los migrantes en Ceuta y Melilla, defendía el Partido Socialista en 2015. Desde la oposición, Pedro Sánchez se posicionó en la primera línea de batalla contra la Ley de Seguridad Ciudadana, que incluía la regularización del "rechazo en frontera". El PSOE, además de prometer el final de estas prácticas en su programa electoral, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra su legalidad, pendiente de resolución en el Alto Tribunal.
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