Los que ahora se rasgan las vestiduras ignoran conscientemente dónde se halla el verdadero meollo de la cuestión,que no es otro que la deliberada confusión entre responsabilidad política y penal,en un país en el que no se dimite ni en defensa propia.Para un político acusado de graves de delitos,no ha de existir la presunción de inocencia sino la obligación de dejar el cargo de manera inmediata,un proceso que de ejecutarse de manera rutinaria no tendría por qué implicar ninguna asunción de culpa.Lo injusto no es apartar a un inocente sino..
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