La CNMC dice que las operadoras pueden cobrar la instalación de la fibra si el cliente ejerce el derecho de desistimiento tras iniciarse el servicio, pero que el importe no puede ir más allá del valor de cable y los trabajos de instalación del mismo, lo que abre la puerta a reclamar en casos como el de Jazztel y sus 315€ de penalización por lo que cuesta unos 82€.
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La indemnización no suele contemplar esa variabilidad, es fija por contrato cuando aún no conocen cual será la complejidad de las tareas a realizar.