Los periodistas publicaron un artículo sobre una presunta fábrica de armas químicas construida en tierras confiscadas a agricultores. El gobierno se apresuró a negar la historia y respondió confiscando los ejemplares del periódico. Detuvo a los periodistas, que cumplen penas de siete años en la prisión de Pakkoku, y cerraron el periódico.
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