Un total de ocho organizaciones israelíes de defensa de los derechos humanos han pedido al Tribunal Supremo de Israel que impida la política estatal de derribar las viviendas familiares de las personas implicadas en ataques terroristas. Según las citadas organizaciones, este derribo constituye un castigo colectivo y supone por ello una flagrante violación de las leyes internacionales y de los derechos humanos, y puede incluso ser considerado crimen de guerra.
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