Los trabajadores del centro de Arganda advirtieron dos veces por escrito al Gobierno de Cristina Cifuentes de las precarias condiciones del servicio en 2015. En esos escritos aseguraban que la falta de empleados impedía una atención de "calidad", así como asistencia en las caídas urgentes. En mayo una residente falleció, tras desplomarse y que la pierna se le quedase encajada. Sólo había un enfermero para atender a 343 ancianos.
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