La medida, que todavía se encuentra en estudio y para la que se espera una resolución tras las elecciones de julio, busca rebajar la cuenta de gastos mediante la extinción de muchos de los contratos de alquiler de los locales que tienen dispersos por varios distritos de Madrid. Estos espacios eran utilizados como sedes distritales para celebrar las asambleas locales de los militantes del partido, que se organizaban en 23 'círculos' para los 21 territorios en los que se subdivide la capital.
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