El 6 de julio habrán pasado cinco años desde que la Policía puso patas arriba en Alicante la vivienda y el yate del empresario Enrique Ortiz, presunto cabecilla de una trama de corrupción sostenida por los contactos con la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, quien aquel día permaneció 12 horas detenido. Ha sido un lustro después, y solo mediante la intervención del Consejo General del Poder Judicial, cuando la Policía ha entregado al juez instructor el informe.
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