"Si ninguna autoridad judicial jamás mostró el más mínimo interés en registrar la casa del Sr. Bárcenas e incluso en requerir los ordenadores ¿Por qué iba a tener que prever el Partido o sus empleados que esos ordenadores iban a ser reclamados meses después por la autoridad judicial? Es una carga inventada, de imposible previsión", señala el PP en su recurso.
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