La iniciativa deja en manos de los grupos parlamentarios la potestad de avalar los viajes de los parlamentarios fuera de sus circunscripciones electorales y obliga a las formaciones a publicar informes periódicos sobre el gasto en desplazamientos. El nuevo reglamento para viajes se limita al futuro y no establece medidas de transparencia con carácter retroactivo. Dicho de otro modo, lo que no se sabe no se sabrá.
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